Sarkozy impone su ley

Publicado: 2010/10/24 de QK en politica / politika
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Por 177 votos a favor y 153 en contra, la Ley de Jubilaciones ha sido aprobada. Para el gobierno, sometido a la presión de huelgas y manifestaciones multitudinarias, era de vital importancia poner fin, lo más pronto posible, al debate parlamentario y provocar de una buena vez el voto del proyecto. Para ello ha hecho uso de la facultad que le otorga el articulo 49 de la Constitución, de “comprometer su responsabilidad”, es decir, de imponer el voto asumiendo que, si este le fuera desfavorable, la dimisión del Gabinete seria automática. Sin embargo, a pesar de esta lamentable expresión de absolutismo, el combate contra ese engendro jurídico esta muy lejos de haber terminado.

En primer lugar, el trámite legislativo debe seguir su curso. Para que entre en vigor, esa ley debe pasar delante de la Comisión Mixta Paritaria (compuesta por 7 diputados y 7 senadores) para armonizar los textos aprobados en cada cámara) y ser presentado, el nuevo texto, para la aprobación definitiva (lo que, evidentemente, se hará sin ningún problema). Luego, el Ejecutivo deberá promulgarla y dictar los correspondientes decretos de aplicación. Aunque es sumamente improbable, aun en el caso de que las movilizaciones contra esa ley continúen, el ejecutivo podría también -como ha ocurrido alguna vez en una situación similar- meterla en un cajón y … olvidarse de promulgarla. Pero un gesto de esta naturaleza no parece estar al alcance de la inteligencia y la sensibilidad de monsieur Sarkozy.

Los desafíos que debe afrontar la oposición a la ley

La oposición a esta ley es polifacética. Hasta ahora, los sindicatos están jugando un rol dirigente. Son ellos los que decretan las huelgas que tienen mayor repercusión en la vida económica del país, y los días de manifestación, que congregan, como ya se ha visto, a millones de personas. Este liderazgo lo han conseguido gracias a la unidad de acción. Sin embargo no hay que olvidar que los puntos de vista de las grandes centrales sindicales respecto a esa ley no son homogéneos. Algunas postulaban la negociación (para reformularla y tornarla “mas justa”) mientras que otras exigían el retiro puro y simple de la ley. Después de la aprobación de la ley, que deberá producirse la semana próxima, no sería sorprendente que la unidad del frente sindical se fisure.

Para el Gobierno, la mayor preocupación tiene que ver con la huelga del personal de las empresas petroleras. Sin carburantes, en efecto, la circulación de automóviles, de camiones, de autobuses y aun de aviones es prácticamente imposible. Una buena parte del parque industrial, de los servicios, del turismo, del funcionamiento de la economía en general se ve así gravemente afectado. Por esa razón, el Gobierno ha decidido recurrir, de manera absolutamente ilegal, a la requisición del personal de esas empresas. Es decir, a obligarlos a trabajar, a pesar de encontrarse en huelga.

Las requisiciones del personal en huelga

La ley actual que autoriza las requisiciones data de 1938, y tiene como objetivo de resolver problemas del país en estado de guerra. Por ejemplo, ella autoriza la requisición (es decir, la puesta en servicio obligatoria) de vehículos para el transporte de tropas o de material, de edificios y locales, de recursos alimenticios, de todo lo que contribuya al esfuerzo de guerra y al funcionamiento del país. Más tarde, esta facultad de requisición se va a extender al dominio civil. En caso de catástrofe natural, por solo citar un ejemplo, el Prefecto (representante del Estado) puede requicisionar alojamientos, médicos, enfermeras, etc. para ayudar a los damnificados. En general, todo lo que tenga que ver con la seguridad y la protección de las personas, y con el funcionamiento de los servicios públicos puede ser objeto de requisición.

En el caso de la riquisición de trabajadores en huelga, bajo la amenaza de pagar una multa de 10.000 € y 6 meses de prisión hay, evidentemente, un conflicto de normas legales. En particular, si se trata de forzar el funcionamiento de empresas privadas, como es el caso de petroleras, que no tienen nada que ver con el servicio público. Esa medida gubernamental constituye entonces una violación flagrante del derecho de huelga. Así lo han interpretado las organizaciones sindicales, que han interpuesto acciones judiciales y han obtenido satisfacción, pero tardíamente. Pues una requisición decretada, por ejemplo un viernes, solo puede ser cuestionada legalmente el lunes, lo que permite al Gobierno en ese lapso de poner en circulación numerosos camiones para abastecer las estaciones de servicio.

Los camioneros y los estudiantes

Los camioneros y los estudiantes constituyen también fuerzas políticas importantes. Curiosamente, la acción de los trabajadores del petróleo, provocando el desabastecimiento general en carburantes, impide a los camioneros de emprender las acciones que les son propias, además de la huelga: bloquear los puentes, los túneles, las rotondas, el acceso a las empresas y, menos espectacular pero no menos eficaces, las “operaciones caracol” (de marcha lenta sobre las autopistas) lo que provoca muy rápidamente gigantescos embotellamientos.

Las manifestaciones estudiantiles siempre han sido para el gobierno un rompecabezas. Ellas son, por naturaleza (como expresión de solidaridad intergeneracional) sumamente simpáticas, pero también extremadamente peligrosas. Aquí todo el mundo recuerda la muerte en Paris del estudiante Malik Oussekine, victima de la violencia policial en una manifestación, el 8 de diciembre de 1986, suceso que impactó la opinión publica con la fuerza de un cataclismo. Por lo demás, es siempre en estas manifestaciones juveniles alborotadas, más espontaneas, menos organizadas, donde aparecen los “casseurs”, otros jóvenes que se atacan sin misericordia a los bienes públicos y privados y que provocan la enérgica reacción policial, aumentando por ende los riegos de un incidente fatal.

Lo que vendrá después

Una vez que la ley sea promulgada, y que la movilización popular se haya diluido, Francia volverá sin duda a la normalidad. El Gobierno podrá vanagloriarse de haber obtenido una contundente victoria contra los trabajadores y los partidos de oposición. Sin embargo, el sentimiento de profunda injusticia que inspira esa ley, y de no haber sido escuchados por los llamados representantes del pueblo, va a pesar decisivamente en la próximas elecciones nacionales de 2012. La Ley de Jubilaciones se habrá convertido ya en esa época, en el ataúd con el que será enterrado politicamente, sin pena ni gloria, Nicolas Sarkozy.

José BustosKaos en la Red

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